OPINION: Libertad de Expresión

Si bien existe cierto consenso en que la libertad de expresión es fundamental para la Democracia, muchas veces ésta se ve mermada cuando quienes se sienten interpelados rechazan, reprimen o censuran la difusión de la información; o cuando los temas tratados son sensibles para determinados sectores de la sociedad (poderes del Estado, Tribunales, Partidos Políticos, Fuerzas Armadas, Iglesias, entre otros).

Mª Eugenia González Tamayo
Presidenta
Consejo Décima Sur
Colegio de Periodistas





Los ataques verbales y físicos que sufrieron diversos medios de comunicación nacional y extranjeros mientras reporteaban los funerales de Augusto Pinochet - y que tuvieron su peack con el episodio de la periodista de TVE, María José Ramudo-, recibieron un rechazo unánime de gran parte de los actores sociales, encabezados por la propia Presidenta Michelle Bachelet, el Colegio Nacional de Periodistas, la Asociación de Corresponsales Extranjeros y Reporteros Sin Fronteras.

Pero la situación más que un episodio aislado dejó en evidencia un problema grave a la hora del ejercicio de la profesión: la débil línea en la que se mueve la libertad de expresión, entendida ésta como el derecho a expresar ideas libremente, y por tanto, sin censura. Porque si bien existe cierto consenso en que la libertad de expresión es fundamental para la Democracia, muchas veces ésta se ve mermada cuando quienes se sienten interpelados rechazan, reprimen o censuran la difusión de la información; o cuando los temas tratados son sensibles para determinados sectores de la sociedad (poderes del Estado, Tribunales, Partidos Políticos, Fuerzas Armadas, Iglesias, entre otros).

De lo que se trata es defender el derecho a ejercer una periodismo libre y profesional, porque ello contribuye a profundizar la democracia. Como señaló en su declaración pública el Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas, a propósito del tema “en una democracia, el ejercicio periodístico debe también garantizar la libertad de preguntar todo aquello que parezca pertinente, sin que ello amerite respuestas en tono amenazante”.

El tema es de preocupación para el gremio, al punto que el Colegio Nacional de Periodistas mantiene un convenio de colaboración con el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, el cual ofrece asistencia jurídica a todos los profesionales de la prensa que vean amenazado su ejercicio profesional.

Contexto

Algunos datos que sirven para contextualizar la situación de Chile en relación al tema, son que este año figura en el lugar número 49 del Ranking de Libertad de Prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras, con un puntaje de 11,63, de un total de 168 naciones, donde Corea del Norte y Turkmenistán ocupan los últimos lugares. En relación a Latinoamérica, aparece por detrás de Bolivia (16), Costa Rica (29), Panamá (39) y El Salvador (41).

Mientras, el III Barómetro de la Información, elaborado por la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales y la Fundación de la Prensa, y que permite conocer la percepción de periodistas de todo el país respecto del acceso a la información, mostró que las fuentes informativas donde es más difícil acceder son las grandes empresas privadas, el Poder Judicial y las empresas estatales. Con mayor disposición aparecen los partidos políticos y el Congreso.

En tanto, el Ranking de Acceso a la Información elaborado por la Fundación Participa mostró un nulo avance de nuestro país, respecto de la encuesta de 2004. La investigación incluyó la solicitud de un total de 210 pedidos de información a Ministerios, Municipios, Instituciones del Poder Judicial y Empresas Públicas, por parte de voluntarios como periodistas, estudiantes, empresarios, políticos y otros.

Además, se evidencia la inexistencia de una política pública que garantice el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, ya que solamente en un 27% de los casos se accedió a la información solicitada de forma completa (17% en el 2004). Asimismo, en el 61% de los casos no se obtuvo respuesta. En tanto, un 40% de las instituciones que tienden a responder solicitudes de información, lo hacen vencido el plazo de 10 días, tiempo que se considera acorde con los estándares internacionales.

Sin duda, que mejorar en el acceso a la información y transparentar la libertad de expresión, contribuirán a una mejor Democracia, más participativa e informada.