OPINION: RSE en empresas de la Educación
Mucho se ha debatido en los últimos días acerca de la responsabilidad que le caben a las instituciones de educación superior en la apertura de nuevas carreras y su proyección en el mercado laboral.
Anatolia Soto Donoso
Consejo Décima Sur
Colegio de Periodistas
Como en cualquier empresa, una institución debe seguir ciertas etapas que debe cumplir y en la que el Estado, mediante instancias reguladoras, aprueba, modifica o rechaza, determinando así las responsabilidades de cada parte.
En el ámbito de la educación, las cosas funcionan de manera similar. A través del Ministerio de Educación, Consejo Superior de Educación u otros, cada estamento analiza los planes y programas de las carreras que se esperan abrir, conforme a estándares establecidos, al crecimiento de nichos laborales y necesidades técnicas y profesionales que requiere el país. Ello, debido a que año a año, se imparten carreras que al corto plazo pueden estar medianamente saturadas, y ante lo cual, se podría calificar como un acto irresponsable continuar abriéndolas y dictándolas. Bien sabemos, que si hace 10 años atrás, estudiar carreras netamente universitarias aseguraba el bienestar laboral de los alumnos, hoy nuestra realidad es muy distinta.
Así lo ven nuestros padres, quienes lograban trabajar por toda una vida en la misma empresa sin contar necesariamente con un título universitario. En aquel entonces, la ilusión de ellos, pasaba por heredarle a los hijos, un bien que le perdurara toda la vida y le asegurara el bienestar que ellos habían disfrutado. Pensaban que, con ello, evitarían el fantasma de la cesantía, y que sus hijos trabajaran en otra actividad para la cual no habían estudiado, provocando una gran frustración.
En la actualidad, los estudiantes junto con adquirir conocimientos, también deben generar espacios que le permitan abrirse oportunidades en el futuro. Y he aquí, donde surgen parte de la responsabilidades compartidas que le caben a las instituciones de educación superior, al Estado, al mundo empresarial y a las instancias “reguladoras”.
Por una parte, las instituciones de educación, al tomar la decisión de abrir nuevas carreras, no sólo lo hacen para aprovechar un nicho potencial para sus estudiantes, sino que también lo hacen conforme a las políticas que tienen como proyecto educativo y a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que tienen.
Hoy, en un mercado competitivo son diversos los factores que se utilizan para rankear a las empresas, entre las que se incluyen, las educativas. No basta sólo con ofrecer la mejor infraestructura, docentes y proyecto educativo, sino que también se consideran y evalúan valores adicionales, que le dan un plus diferenciador de una empresa exclusivamente productora de “profesionales”.
En este contexto, cobra importancia el factor ético. ¿Qué tan responsables son las instituciones de educación superior ante la apertura de un mercado laboral proyectado por el sector público?..... la respuesta, es difícil de precisar cuando las instancias del Estado, no reconocen su participación en el asunto. Recordemos que, estas instancias reguladoras y/o organismos del Estado participaron directamente en el proceso de la aprobación de la apertura de carreras nuevas, por lo que no pueden eludir las responsabilidades que le caben en el éxito o fracaso del proyecto.
Conforme a lo anterior, no queda entonces más que activar estrategias que posibiliten abrir espacios para nuevas oportunidades ocupacionales no sólo en el área pública, sino que también en la privada. Aquí, al igual que en un matrimonio o sociedad, las cosas se hacen de a dos. Uno, que ofrece una alternativa, y otro que la acepta y asume. Ojalá, la sociedad educación-mercado también tenga un final feliz.
Anatolia Soto Donoso
Consejo Décima Sur
Colegio de Periodistas
Como en cualquier empresa, una institución debe seguir ciertas etapas que debe cumplir y en la que el Estado, mediante instancias reguladoras, aprueba, modifica o rechaza, determinando así las responsabilidades de cada parte.
En el ámbito de la educación, las cosas funcionan de manera similar. A través del Ministerio de Educación, Consejo Superior de Educación u otros, cada estamento analiza los planes y programas de las carreras que se esperan abrir, conforme a estándares establecidos, al crecimiento de nichos laborales y necesidades técnicas y profesionales que requiere el país. Ello, debido a que año a año, se imparten carreras que al corto plazo pueden estar medianamente saturadas, y ante lo cual, se podría calificar como un acto irresponsable continuar abriéndolas y dictándolas. Bien sabemos, que si hace 10 años atrás, estudiar carreras netamente universitarias aseguraba el bienestar laboral de los alumnos, hoy nuestra realidad es muy distinta.
Así lo ven nuestros padres, quienes lograban trabajar por toda una vida en la misma empresa sin contar necesariamente con un título universitario. En aquel entonces, la ilusión de ellos, pasaba por heredarle a los hijos, un bien que le perdurara toda la vida y le asegurara el bienestar que ellos habían disfrutado. Pensaban que, con ello, evitarían el fantasma de la cesantía, y que sus hijos trabajaran en otra actividad para la cual no habían estudiado, provocando una gran frustración.
En la actualidad, los estudiantes junto con adquirir conocimientos, también deben generar espacios que le permitan abrirse oportunidades en el futuro. Y he aquí, donde surgen parte de la responsabilidades compartidas que le caben a las instituciones de educación superior, al Estado, al mundo empresarial y a las instancias “reguladoras”.
Por una parte, las instituciones de educación, al tomar la decisión de abrir nuevas carreras, no sólo lo hacen para aprovechar un nicho potencial para sus estudiantes, sino que también lo hacen conforme a las políticas que tienen como proyecto educativo y a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que tienen.
Hoy, en un mercado competitivo son diversos los factores que se utilizan para rankear a las empresas, entre las que se incluyen, las educativas. No basta sólo con ofrecer la mejor infraestructura, docentes y proyecto educativo, sino que también se consideran y evalúan valores adicionales, que le dan un plus diferenciador de una empresa exclusivamente productora de “profesionales”.
En este contexto, cobra importancia el factor ético. ¿Qué tan responsables son las instituciones de educación superior ante la apertura de un mercado laboral proyectado por el sector público?..... la respuesta, es difícil de precisar cuando las instancias del Estado, no reconocen su participación en el asunto. Recordemos que, estas instancias reguladoras y/o organismos del Estado participaron directamente en el proceso de la aprobación de la apertura de carreras nuevas, por lo que no pueden eludir las responsabilidades que le caben en el éxito o fracaso del proyecto.
Conforme a lo anterior, no queda entonces más que activar estrategias que posibiliten abrir espacios para nuevas oportunidades ocupacionales no sólo en el área pública, sino que también en la privada. Aquí, al igual que en un matrimonio o sociedad, las cosas se hacen de a dos. Uno, que ofrece una alternativa, y otro que la acepta y asume. Ojalá, la sociedad educación-mercado también tenga un final feliz.
posted by Administrador at 9:55 AM
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