OPINION: Reforma procesal y libertad de prensa

El nuevo sistema permite una amplia difusión de temas que antes estaban vedados. Los periodistas acceden en forma directa a jueces, defensores y testigos.


Lorena Cabrera Osman
Consejo Décima Sur
Colegio de Periodistas



Pocas veces hemos sido testigos, tanto a nivel nacional como regional, de un caso judicial tan mediático como el de la muerte del sacerdote y ex rector del Liceo Manuel Montt, Benedicto Piccardo.

Los periodistas, durante las últimas dos semanas, han seguido los pormenores de un procedimiento judicial, que antes de la Reforma del Sistema Procesal Penal hubiese sido imposible difundir en todos sus detalles y etapas, no sólo por el sistema judicial inquisitivo de antaño, sino también porque este caso cuestiona la honra de un religioso destacado, Hijo Ilustre de Puerto Montt.

En la última década el Estado de Chile inició un cambio profundo en la modernización y adecuación del sistema judicial, incorporando Derechos Humanos y estándares internacionales a los sistemas de administración de justicia para hacerlos más eficientes, transparentes y accesibles, reemplazando el antiguo modelo del Código de Procedimiento Penal, vigente desde 1906.

Atrás quedaron los juicios a puertas cerradas, la información escrita oficial y los antiguos vicios de la judicatura lo que, en su momento, provocó varios conflictos en el ejercicio de la profesión, poniéndo a los periodistas en la palestra como infractores de la ética y paladines del disfraz y el espionaje.

La Reforma Procesal Penal, vigente en la región desde 2003, abrió un nuevo escenario en la relación de la prensa con el poder judicial en cuanto al derecho a la información, la difusión de los juicios orales, la relación entre imputados, testigos y periodistas; la ética profesional y los límites entre lo público y lo privado.

Dentro de este marco, hoy se puede crear una mayor confianza en la población hacia este nuevo sistema, resguardando la vida privada de las personas, de acuerdo a las normas éticas propias del quehacer periodístico, e informando de manera expedita y oportuna los hechos que se desarrollan en el tribunal.

En conclusión, el Estado ha puesto en manos de los jueces las tareas de administrar justicia, y en la de los periodistas, la de informar por el bien común de la sociedad de manera seria, honesta y transparente, respetando los límites que impone la naturaleza de cada una de las partes para hacer del país y la región un lugar más justo, equitativo y democrático.